Informe amateur sobre la gestión del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
Acabo de verla en el buzón.
Es una carta firmada por Esperanza Aguirre en la que, además de pedirme el voto, me asegura que continuará trabajando para que Madrid “siga siendo un ejemplo de crecimiento y un lugar donde las oportunidades lleguen a todos los ciudadanos”.
Las dudas me han asaltado, desconfiado que soy.
Tengo la sensación de que, si Madrid es un ejemplo, no es un buen ejemplo. También me cuesta creer que las oportunidades estén llegando a todos los ciudadanos, o al menos a todos por igual. Es hora de comprobarlo, de buscar un poco de información y de darle forma para no perderme en la avalancha de noticias contradictorias que nos sepulta desde hace años.
Tengo que quitarme las dudas.
Me ha costado empezar, lo reconozco. Le he dado muchas vueltas. Porque al final todo me llevaba al mismo sitio. Todo lo que os voy a contar está interrelacionado, conforma un modelo que va más allá de desaciertos en la gestión o de decisiones que no terminan de convencer. Y pinta un futuro bastante negro. El informe va a ser largo, os pido paciencia.
¿Por dónde empiezo? Por, en mi opinión, lo más flagrante: la Sanidad, o mejor dicho
LA $ANIDAD
En 2003, cuando Esperanza Aguirre desembarcó en la Comunidad de Madrid después de unas elecciones que hubo que repetir,
[no, no voy a hablar de Tamayo y Sáez, ni de esos rumores sobre que “algo gordo va a pasar mañana en la Asamblea” que se escuchaban en ciertas cafeterías de la ciudad, tampoco de que la propia Aguirre afirmara en su famosa biografía autorizada que “Gallardón ya sabía lo que iba a pasar”…]
la práctica totalidad de los casi seis millones de madrileños dependía de los hospitales públicos. En breve, cuando entren en servicio los nuevos centros que ahora se inauguran a velocidad de campaña electoral, la salud de un millón y medio de madrileños dependerá de hospitales privados o de gestión mixta pública y privada. Esperanza Aguirre ha elegido un modelo de “concesión sanitaria” tomando la Sanidad británica como ejemplo.
¿En qué consiste este modelo? Pues en que un grupo de empresas privadas financia y construye el hospital. La Administración pública paga un arrendamiento durante un plazo que va de 30 a 60 años y que cubre los gastos de construcción, el alquiler del edificio y los gastos de soporte, además de ceder el terreno público que rodea al edificio para que las constructoras levantes aparcamientos, centros comerciales o lo que les dé la gana y los exploten a su antojo. El personal médico seguirá perteneciendo al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pero tendrá que actuar dentro de un hospital privado y seguir sus directrices para maximizar los beneficios de la empresa propietaria del centro. El resto de personal (limpieza, mantenimiento, cocina) será contratado por el centro y nada impide que se produzca una cadena de subcontratas que acabe empeorando tanto el servicio como las condiciones laborales de estos trabajadores.
Puede que te parezca aberrante, pero Esperanza Aguirre afirma que es el modelo más rentable y eficaz para gestionar la sanidad madrileña. A mí no me lo parece. Pero veamos qué dicen los que más saben de esto, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
En uno de sus últimos boletines, la OMS publica un artículo elaborado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarios que analiza los modelos aplicados en Australia, Gran Bretaña y España (en concreto, el hospital de Alzira, en Valencia; de esta joya hablaré luego). Conclusiones:
· En primer lugar, asegura que “los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieron empleado los sistemas tradicionales” (de iniciativa y titularidad pública); da varias razones: los créditos que tienen que pedir las empresas privadas son más caros que la deuda pública; parte del dinero que paga la Administración se desvía para pagar dividendos a los accionistas y, lo peor, el enorme coste que debe asumir la Administración si el proyecto no resulta rentable y el hospital va a la quiebra, pues se vería obligada a reflotar la empresa para no dejar sin servicio a cientos de miles de ciudadanos (esto último ya ha ocurrido en varios hospitales británicos… y también en el de Alzira).
· En segundo lugar, la OMS advierte de que la calidad de su servicio será menor; también da varias razones: la construcción de los edificios tiene un coste fijo y un plazo de entrega tope, por lo que las empresas corren y escatiman gastos para ajustarse a los proyectos que en su día presentaron a la Administración (en Gran Bretaña, solventar las chapuzas en forma de iluminación barata para los quirófanos, montacargas que no soportaban el peso especificado o sistemas de ventilación que no funcionaban le constaron una pasta a… sí, la Administración, de tal manera que el gasto final fue una media del 72% superior al modelo tradicional público y los gastos de mantenimiento se dispararon en los años siguientes); los nuevos hospitales sólo son aptos para realizar intervenciones sanitarias de bajo riesgo y beneficios rápidos (es decir, tratar los problemas más frecuentes y menos complicados), mientras que las actividades más costosas y “menos rentables” (unidades de quemados, cirugía especializada, tratamientos anticancerígenos) se mantienen en los centros públicos. Además, estos hospitales recibirán un complemento de la Administración si se supera un cupo de intervenciones y de pacientes, es decir, dar de alta de forma prematura y operar en serie significa atender peor pero a más pacientes y, por tanto, aumentar los beneficios… ¿y cuál es el objetivo final de cualquier empresa privada?
En resumen, en estos años la Comunidad ha construido siete hospitales mixtos (Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Vallecas, Parla, Aranjuez y Majadahonda) y uno enteramente privado, el de Valdemoro (Sanidad le pagará por dar servicio a 100.000 ciudadanos de la zona). De momento, no se ha pagado un duro, estupendo para el presupuesto de estos años pasados, pero según datos de la propia Consejería de Sanidad, la Comunidad tendrá que desembolsar 3.500 millones de euros en los próximos 30 años… si las cosas no se tuercen. Que a veces se tuercen. Es hora de hablar del hospital de Alzira.
El hospital de Alzira, un ejemplo de lo que nos espera. Este hospital de iniciativa privada fue abierto en 1999 a bombo y platillo en la Comunidad Valenciana (también gobernada por el Partido Popular). Tres años después estaba sumido en una crisis económica que hacía peligrar su supervivencia debido a las graves pérdidas de la unión de empresas que lo gestionaba. La Administración tuvo que ir al rescate, pero no para recuperarlo y administrarlo como uno público, qué va. Lo que hizo fue inyectar fondos para reflotarlo, unirle los centros de salud de la comarca e incrementar las cantidades que pagaba por cada habitante de su zona de influencia… y luego se lo entregó, limpio y reluciente, al mismo grupo de empresas. Todo en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Pues no, evidentemente.
Ceder la gestión de los hospitales a empresas privadas tiene riesgos. Y da pie a episodios de lo más truculento. Volvamos a Madrid. La Fundación Jiménez Díaz fue durante muchos años el único hospital público que reservaba parte de sus camas a pacientes privados. En las décadas de los 80 y 90 sufrió graves crisis financieras que obligaron a que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los Ministerios de Educación y Sanidad entraran a formar parte de su Patronato (es decir, inyección de fondos públicos para mantenerlo a flote). Finalmente, en 2002 y con una deuda de 10.000 millones de pesetas, fue vendido por el consejero de Sanidad Echániz (PP) a IDC, una empresa privada de capital norteamericano… ¿cómo se metió una empresa privada en semejante atolladero? Pues porque la Comunidad de Madrid le garantizó 1.200 millones de euros en diez años para dar servicio a 200.000 ciudadanos. Ahora ya sí que era un buen negocio.
El problema de la especulación financiera. Tirando del hilo de la Jiménez Díaz llegamos a otro problema de la privatización de la Sanidad, y es el riesgo que implica la mera especulación financiera. Con un ejemplo se ve mejor. La Jiménez Díaz acabó finalmente en manos de una multinacional sueca llamada Capio a cambio de 330 millones de euros. Capio también se ha hecho con la adjudicación del nuevo hospital de Valdemoro. La concesión de un área sanitaria recién creada a la Jiménez Díaz, sumada al propio hospital de Valdemoro, implica que la salud de 500.000 madrileños depende de esta multinacional, vieja conocida en Gran Bretaña. Una búsqueda rápida en la página web de una asociación de consumidores británica arrojó resultados inmediatos en forma de denuncias por operaciones realizadas a toda velocidad y al margen de los estándares médicos, el empleo de cirujanos extranjeros que no estaban familiarizados con las técnicas que empleaban, la escasez de fondos en centros públicos mientras las cuotas a Capio se pagaban puntualmente… business is business, vaya. Pero el problema no se queda ahí. A finales del 2006, la empresa Capio fue comprada por Apax Partners, firma estadounidense de capital riesgo, de las que buscan dinero rápido. Por un lado, la titularidad de estas empresas cambia de manos a toda velocidad, y con ellas, la gestión de los hospitales. Por otro lado, su reputación es lamentable: Apax está detrás de Panrico (sumida en un auténtico conflicto laboral con despidos injustificados y limitación del derecho de huelga) y de otra que os sonará más: Vueling. Capital riesgo… sí, pero al final, ¿quién es el que corre el riesgo de verdad? ¿Se pueden quedar los pacientes igual de tirados que los pasajeros de un avión? ¿O irá la Administración al rescate igual que en el caso del hospital de Alzira?
Argumentos para inquietarse hay de sobra. Quizá no haga falta recurrir a las denuncias de la oposición sobre los intentos de la Comunidad de Madrid de desprestigiar a los profesionales del hospital público Severo Ochoa… ¿Sabéis qué empresa sueca está interesada en la adquisición del Severo Ochoa? Pues sí, nuestros amigos de Capio. Quizá tampoco sea necesario pensar mal porque Jesús Bengoechea Bartolomé, director de Formación e Investigación de Capio, fuera (al menos a fecha de octubre de 2006) también director general de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señores políticos, no dupliquen cargos, que luego nos sentimos mal por sospechar…
Aún hay más. Pero no hace falta rizar el rizo. Hay otros muchos argumentos para criticar la política sanitaria de Esperanza Aguirre. Los nuevos hospitales (descontado el de Puerta de Hierro, que cambia de ubicación a Majadahonda con gestión privada) suponen la apertura de 1.400 camas privadas, pero está previsto cerrar unas 2.000 camas públicas en los grandes hospitales de toda la vida. Más habitantes, menos camas. Bien. Pero hay más. En los presupuestos para 2007, la partida para construcción y reforma de centros de salud se reduce en un 19,7%. Esta reducción de 37,1 millones contrasta con el incremento en 47,2 millones en conciertos con las empresas privadas. En total, se construirán cinco centros de salud y siete consultorios locales menos que el año anterior. La inversión en lo público se reduce a ojos vista. Mientras, se dedican partidas a pagar a doctores privados para que hagan reconocimientos médicos a los niños de los colegios públicos. Ya, yo tampoco lo entiendo. A no ser que la idea no sea beneficiar a los madrileños, sino a la iniciativa privada.
Porque siguiendo con esta línea nos encontramos con nuevos ejemplos, ya en otros campos. Los ciudadanos necesitan ciertos servicios, pues se los damos, pero con dinero privado. Así, las autopistas radiales de peaje (privadas) permiten que nos libremos del atasco… pero sólo si tenemos dinero para pagar su uso. Lo mismo ocurre con la línea de Metro que lleva a la T4 de Barajas: la ha construido una empresa privada, así que tendrá que ganar dinero de alguna manera, ¿no? Pues venga, que cobre un euro suplementario por el trayecto. Y, ya puestos y para evitar discriminaciones entre pasajeros, va la Comunidad y sube otro euro el billete de Metro para la otra estación de Barajas, aunque ésta sea pública. Con todas las estaciones nuevas que se han construido… ¿no habría sido posible que la que lleva a la T4 hubiese sido también de iniciativa pública? Quizá es que esta última tiene un volumen de pasajeros que sí resulta rentable para una empresa privada y las demás no… Pues demos gracias.
Pero me he ido. El segundo tema destacado es la
EDUCACIÓN
Otro sector básico cada vez más desatendido por la Comunidad de Madrid es el de la Educación. Esperanza Aguirre no deja de repetir que somos el motor económico de España y que nuestro crecimiento es espectacular. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto dedicado a Educación se ha vuelto a reducir, desde el 27,5% del 2003 al 25,4 del 2007. Somos la Comunidad Autónoma que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto dedica a educación (sólo el 2,72%). Primeros en crecimiento del PIB, últimos en porcentaje dedicado a educación. Genial. Pero hay más. En el conjunto de España, el 60% de los nuevos alumnos se dirige a la educación pública; en Madrid, es sólo el 10%... el resto se va a la privada y la concertada. Y con ellos también se va el dinero público. En 2003, cuando Esperancita se estrenó de presidenta, el presupuesto dedicado a conciertos aumentó en un 22% y no ha dejado de crecer año tras año. Mientras, el cacareado programa de colegios públicos bilingües sólo se lleva un 0,07% del presupuesto y el dinero dedicado a formación y reciclaje de profesores cae en picado un año más. Las becas para libros de texto se conceden a más familias pero con menos cuantía; las principales beneficiadas son las familias numerosas, pero todos sabemos quiénes se pueden permitir tener tres o más hijos en estos tiempos que corren; además, la ayuda es tan ridícula que sólo vale como escaparate, igual que lo del bilingüismo.
Por otro lado, 21.000 niños se han quedado este año sin beca de comedor. Para cubrir todas las solicitudes harían falta 13 millones de euros. ¿De dónde los sacamos? Pues a ver, una idea: el presupuesto de publicidad institucional y promoción de la Comunidad de Madrid es de 162 millones de euros, un 18% más que el año pasado (es que este año hay elecciones). ¿Hace falta tanto dinero para pregonar que “Madrid es la SUMA de todos”? Con ese dinero también se podría construir dos hospitales públicos, o ampliar los escasos 60 milloncejos que se dedican a investigación científica, o aumentar los 15 millones que se emplean en becas para escuelas infantiles…
Hablando de niños, hay 25.000 en lista de espera para una plaza en una guardería pública. Vale, puede que no haya recursos para hacer frente a todas las necesidades. ¿Entonces por qué se dedica dinero a subvencionar a las guarderías privadas y no a construir nuevas públicas? El número de plazas privadas ha subido un 87% y el de públicas, la mitad. Sí, el dinero que se va a la educación privada y concertada cada vez es más. La mayoría de los colegios concertados (en torno al 88%) pertenecen a las dos patronales católicas FERE Y FACEPM… el resto son cooperativas de enseñanza. Se ve que la religión tira mucho. Tanto, como para que el colegio Virgen del Bosque, que comenzó el curso pasado perteneciendo a una cooperativa laica, lo acabase en manos de los Legionarios de Cristo con segregación por sexos de los niños incluida. Por cierto, las dos últimas ediciones de Juvenalia, esa feria a la que íbamos de enanos y de la que volvíamos con un montón de bolsas y globos, las ha organizado IUVE, dependiente de… bingo, los Legionarios de Cristo.
Pero los colegios privados y concertados tienen otra forma mucho más lucrativa de beneficiarse de fondos públicos: la cesión gratuita de suelo (bueno, sólo por 75 años, y ya se sabe, una vida pasa volando). En San Blas, el colegio Liberación y Comunión delante del que paso cuando voy a hacer la compra, se ha llevado por la patilla una parcela de 12 millones de euros. Pensadlo, son 12 millones de dinero público para levantar un colegio que además también se financiará con ayudas públicas para educar a chavales que serán los futuros directores generales de… empresas privadas.
Ya no importa tanto si la defensa del laicismo en la sociedad es importante o no, si los centros religiosos adoctrinan a los niños, ni siquiera si se favorecen dos niveles educativos, uno de élite y otro marginado y masificado. Todos sabemos que uno, dos o los tres puntos anteriores son importantes, pero lo que quiero destacar es que el Partido Popular nos vende “gestión” y “eficacia”… ¿La veis por algún sitio? ¿O sólo veis “interés”?
Siguiente capítulo. Éste da un poco más de grima. Toca hablar de
$UELO
Las cesiones de suelo público a empresas privadas llevan a otro capítulo negro que lastra, y lastrará aún más en el futuro, la vida de los madrileños. La gestión del suelo es básica en aspectos medioambientales, de equipamientos o para el tema de la vivienda. Y el desastre que está originando es de difícil solución. Una vez más, dejaré de lado las corruptelas que se dan en todos los partidos políticos, los maletines a cambio de favores, los coches de lujo conducidos por concejales. Es un tema grave, claro que sí, pero que, en mi opinión, empequeñece si, al repasar los muchos casos turbios centrados en el suelo acaecidos en nuestra Comunidad, vemos que se está consolidando una gestión municipal que roza el expolio de lo público y que la autoridad competente en esta materia, que no es otra que la Comunidad de Madrid, no sólo mira para otro lado sino que está más que salpicada.
Villanueva de la Cañada, Tres Cantos, Torrelodones, Galapagar, Colmenar de Oreja, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Pozuelo, Alcorcón… la lista es interminable. En todos ellos encontramos un patrón de actuación consolidado: los ayuntamientos sacan adelante planes de desarrollo que recalifican terrenos pertenecientes a familiares, a sociedades participadas por ediles o a antiguos socios y luego conceden los permisos de construcción a familiares, sociedades participadas por ediles o antiguos socios. Tipos con un estupendo manejo de la bola de cristal compran solares rústicos a precio de ganga un mes antes de que esas mismas parcelas sean recalificadas, alcaldes desaprensivos recalifican espacios protegidos para levantar pisos… Lo peor no es que algunos constructores se tomen unas “vacaciones” en su actividad ladrillera y se pasen durante un tiempo a la política, ni que intenten beneficiar a amigos o familiares, ni que un concejal acepte unos milloncejos. El verdadero problema surge:
· Cuando la Comunidad de Madrid compra suelo para vivienda pública a pastón el metro a una empresa privada que lo había adquirido antes a un ayuntamiento a precio de ganga (Colmenar de Oreja).
· O cuando el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada permuta terrenos rústicos por urbanizables, lo que se salda en un “regalo” de más de tres millones de euros para varios terratenientes (lo menos importante es que un de ellos sea primer teniente de alcalde de la localidad, simples coincidencias, lo gordo es que la alcaldesa diga que esa práctica es habitual y que es “política social”).
· O que sea la propia Comunidad de Madrid la que recurra al “todo vale” para sacar adelante el proyecto de la carretera M-501 en una zona de máxima protección ecológica (y que sea la UE quien le tenga que decir que dividir el proyecto en cinco “subproyectos” para minimizar su impacto es hacer trampas).
· O que la Comunidad de Madrid decida que los agentes forestales no pueden denunciar delitos medioambientales relacionados con la construcción cuando en otros lugares de Espala contribuyen a limitar el binomio “ladrillo-bosque talado” al ser los autores del 90% de las denuncias (así salió a la luz el caso Andratx en Baleares, por ejemplo; quizá alguien quiere que no se repita).
· O que el mismísimo director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid tenga que dimitir después de que se revelara que aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de acceder al cargo y que después cedió sus contratos a una empresa fundada por él años antes y propiedad de sus ex socios…y de su hija (el dimitido es el “señor” Enrique Porto, y su padrino político fue otro tipo que os sonará: Romero de Tejada).
Vemos que la gestión indebida del suelo (por no usar otros términos) llega a los mismos despachos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina Esperanza Aguirre, su presidenta? Pues que mejor no habla, que ella misma tiene los solares de corbata. Bueno… moderación, objetividad, sin sulfurarse. Pasemos por alto que una sociedad familiar de su tío materno José Gil de Biedma ganó 2,1 millones de euros por vender unos terrenos cuyo plan de urbanización desbloqueó el “señor” Porto. Pasemos por alto que cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de la presi se levantaron más de ocho millones de euros por el acreditado método de comprar unos solares rústicos por cuatro duros, esperar un mes a que se recalifiquen (¡qué suerte, oye!) y volverlos a vender a precio urbanizable. Pasemos también por alto que la Comunidad levantara la protección de una vía pecuaria de gran valor ambiental, histórico y cultural que atraviesa una finca propiedad de la familia de la presi y donde querían construir un centro de convenciones y de banquetes de bodas (otras 14 veredas de El Escorial, menos valiosas, siguieron estando protegidas). Sigamos pasando por alto y dejemos de lado que el AVE tiene una estación en Yebes, un respetable pero perdido pueblecito de Guadalajara donde el marido de Espe y su familia tenían fincas para aburrir y donde ahora están levantando Valdeluz, una ciudad en mitad de la estepa castellana pero a orillas del fértil trazado Madrid-Barcelona (15 minutos a Madrid, me dan ganas de comprarme un pisito allí).
Sí, dejemos de lado todo esto. A la vista de la generalización de los escándalos y del perjuicio para el patrimonio público que esto supone, ¿no debería la presidenta al menos tomar medidas drásticas para acabar con esta situación? Nadie más eficaz para perseguir estos delitos y abusos, y para ponerle todas las trabas posibles, que la Comunidad de Madrid. Pero Espe no hace nada, el tiempo pasa y cada vez será más difícil parar esta bola de cemento y ladrillos.
EL “TODO VALE”
Merece epígrafe propio, porque el “todo vale” se está convirtiendo en una práctica también muy utilizada por la propia Administración en Madrid. Gallardón, por ejemplo, calificó de “calle” a la M-30 (la convirtió en suelo urbano) para no tener que presentar un informe de impacto ecológico de sus monumentales obras. Se puede discutir si las obras merecían la pena o no, o divagar sobre la conveniencia de los túneles o si de verdad acaban con los atascos (¡sólo faltaba que al final no lo hicieran!), pero lo que es indiscutible es que hacer las cosas mal tiene un precio que pagamos todos: la UE congeló un crédito blando de 1.500 millones de euros debido a estas irregularidades. En un proyecto que endeudará a Madrid durante los próximos 35 años, quizá habría que haber medido mejor la forma de actuar. Pero es que eso no importa en Madrid. Tomemos otro ejemplo:
El campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II en Chamberí. Volvamos a dejar cosas a un lado, como la fiebre de los campos de golf en Madrid y el peso para los acuíferos que supone que sólo 3 de los 30 campos que hay en la Comunidad se rieguen con agua reciclada y que a nadie le importe mientras cerremos el grifo cuando nos lavamos los dientes (hay que hacerlo, pero eso es otra cosa). O que los vecinos llevaran años luchando para conseguir un parque en el distrito menos “verde” de la capital y que por fin arrancaran la promesa del por entonces regidor regional “señor” Alberto Ruiz-Gallardón. Vayamos al “todo vale”. El caso es que la propia normativa medioambiental de la Comunidad (aprobada en 2002, con el PP ya en el poder) establece que todos los campos de golf lleven un informe de impacto. Pero Espe estaba decidida a construir su campo sí o sí. Así que declaró el proyecto “de interés general”. Si le preguntas a un vecino del distrito de Chamberí sobre su interés en que se construya un campo de golf en vez de en un parque, lo más probable es que te sacuda en la cabeza con un hierro 8. En definitiva, la Comunidad construyó el campo de entrenamiento, unas pistas de pádel y dos campos de fútbol. Y habrá que pagar por usarlas. ¿A quién? La gestión de las instalaciones se le ha concedido, cómo no, a una empresa privada que también controla otro campo de golf en Las Rozas, cuyo gerente es José Galeote, ex concejal “popular”, padre del portavoz también “popular “ en el Parlamento Europeo e implicado en varios presuntos casos de incompatibilidad de cargos. El ejemplo del campo de golf del Canal puede parecer pequeño, pero reúne muchos de los elementos que caracterizan al gobierno del Partido Popular en Madrid: desprecio al medio ambiente, desatención de las demandas ciudadanas, recurrir a requiebros legales para conseguir sus objetivos, conceder la gestión de instalaciones públicas a empresas privadas y encima dársela a un amiguete que huele mal. ¿Tan difícil es hacer bien las cosas, aunque sea a su manera? ¿O es que les da todo igual? Saben que algunos escándalos aparecerán durante unos días en algunos medios de comunicación y que luego serán sepultados por la avalancha de la actualidad o contraatacados por sus medios de comunicación y/o propaganda.
Como el escándalo de las ONGs que subvencionan la Comunidad y el Ayuntamiento. Hasta en esto huele mal en cuanto levantas un poco la alfombra. Y volvemos a lo mismo: las subvenciones se hacen con dinero público, de todos; habría que medir muy bien a quién se le conceden y pararlas en cuanto haya algún indicio de irregularidad, sobre todo en un tema tan sensible como el de las ONGs, muchas de ellas imprescindibles no sólo para ayuda al Tercer Mundo sino también para suplir los servicios sociales que la Comunidad está abandonando. La ONG Fundación Iberoamérica-Europa, a través de su instituto Cipie, recibió una subvención europea para colaborar con otra ONG salvadoreña dedicada a ayudar a las víctimas del huracán Mitch, pero el dinero nunca llegó a su destino, sino que acabó invertido en un fondo de inversión. Esta misma ONG se llevó después una subvención, ésta sí de la Comunidad, de 700.000 euros… Otra vez, lo de menos es que el presidente de esta fundación sea Pablo Izquierdo, ex diputado del PP por Málaga y ex jefe de prensa del “señor” Aznar y que la esposa de éste, la “señora” Botella, fuese su vicepresidenta. Quizá sea más relevante que este “señor” Izquierdo también haya cargado a la cuenta de la ONG gastos por los que ya cobraba una dieta de parlamentario (como el alquiler de un piso cerca del Congreso), además de otros gastillos como facturas de supermercados y de locales nocturnos. El dinero que pensamos que va a las víctimas de un huracán acaba en un fondo de inversión o en cubatas para este tipo. Me da igual qué cargo tuviera o si hubo amiguismo en las concesiones de las subvenciones, pero este tipo es un chorizo y como tal debería ser tratado.
Tan chorizo como los responsables de Humanismo y Democracia, que amañaron los gastos de los programas subvencionados de tal manera que una misma persona recibió simultáneamente cuatro cursos de formación. Pero más delito me parece que a esta misma ONG, ya en fase de investigación, siga recibiendo ayudas del Ayuntamiento de Madrid (la coletilla “ONG vinculada al Partido Popular” me ha parecido innecesaria, a estas alturas ya se debe dar por supuesta). Luego está el matiz ideológico de los repartos: hay más ONGs que subvenciones y más gente necesitada que fondos disponibles, vale, ¿pero es necesario que la Consejería de Educación le dé 11.000 euros al año a la asociación No Más Silencio, que propone una terapia para aliviar el trauma posaborto basada en “experimentar la misericordia y compasión de Dios? Por Yahvé, es que se me llevan los demonios. Sobre todo si pienso que la Asociación de Víctimas del 11-M, la de Pilar Manjón, está pensando en establecer su sede fuera de Madrid, donde ocurrieron los atentados y donde vive la mayoría de sus víctimas, porque no ha recibido ni un solo euro de ayuda de la Comunidad, mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a la Víctimas del 11-M y la Fundación de Víctimas del Terrorismo se llevarán 149.000, 240.000 y 400.000 euros respectivamente (me parece estupendo que se los den, pero ¿qué fue de aquello de “donde comen tres comen cuatro”?). Quizá todo se deba a que la “señora” Aguirre se crea de verdad aquella burrada que le soltó a Pilar Manjón en un momento de flaqueza de su proverbial educación británica: “Tienes suerte porque la indemnización [por la muerte de su hijo Iván] vale más que la lotería, no cotiza a Hacienda”. Es cierto, se lo dijo. Leer para creer.
No sé vosotros, pero muchas de estas cosas suponen una verdadera sorpresa para mí. De algunas había oído hablar, de otras me sonaban algunos detalles, pero la sensación de escándalo que tenía se ha visto multiplicada por mil buscando información para redactar este resumen, que además deja sin tocar muchas cosas. Quizá parte de la culpa sea de la guerra mediática, o de mi propia pereza como ciudadano supuestamente informado. Pero hay mucha gente que no tiene ni idea de nada de esto y que se cree a pies juntillas la propaganda oficial. Me cuesta pensar que los votantes menos recalcitrantes del PP sigan pensando que Esperanza Aguirre es calidad de gestión y esas cosas. O que los indecisos o los apáticos no quieran cambiar esta situación aunque las alternativas tampoco es que ofrezcan muchas garantías. En definitiva, siguiente apartado:
PPROPAGANDA
Ya se ha mencionado antes el aumento de la cantidad de dinero que se dedica a publicidad y promoción desde la llegada de Esperanza Aguirre. También algunas de las cosas que se podrían hacer con parte de los 162 millones de euros presupuestados para este año. Está bien informar a los madrileños de la apertura de nuevas estaciones de Metro, pero unas cuantas cuñas menos conseguirían el mismo objetivo y ese dinero ahorrado podría emplearse en contratar más personal de mantenimiento, personal que ha disminuido en un tercio desde 1995 a pesar de que se ha doblado la longitud de la red y los vagones son un 91% más. Aunque en el tema del Metro aparece un aspecto también relevante y muy gráfico: la labor de zapa de la propaganda y la permeabilidad pública a ciertas noticias. La explicación de la Comunidad de Madrid a los muchos accidentes y averías del Metro en los últimos meses fue descargar la responsabilidad en el personal de mantenimiento: no sólo son pocos para hacer su trabajo, también se vieron acusados de sabotaje. Los comentarios se sucedieron durante varios días y alcanzaron su cenit cuando la consejera de Transportes afirmó que el desprendimiento del motor de un convoy se debía a que los tornillos habían sido serrados. No había ningún informe técnico que respaldase esta acusación, repetida sin cesar durante varios días. Lo cierto es que un informe posterior de las empresas fabricantes de los distintos componentes afirmaba que el desprendimiento del motor se había debido a la rotura de los tornillos por fatiga de los materiales. La propia Consejería ordenó sustituir todos los tornillos de todos los convoyes. Pero esta segunda parte de la noticia no trascendió lo suficiente, así que, en varias ocasiones (yo he presenciado dos), los propios pasajeros del Metro empezaban a meterse con los empleados al grito de “¡Saboteadores!” cuando se producía alguna avería. Una nota interna posterior de la Consejería se felicitaba porque su tratamiento informativo del problema había resultado un éxito.
El Ayuntamiento tampoco se escapa a los males del autobombo. Y más delito tiene el siguiente ejemplo, pues se refiere a la Concejalía de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, y no porque su titular sea Ana Botella, sino por su impacto directo sobre la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados. El año pasado, el Ayuntamiento aprobó una campaña publicitaria de los servicios asistenciales a mayores; presupuesto: 1,2 millones de euros, más de lo que gasta en un año en repartir comidas a domicilio, facilitar camas articuladas a mayores dependientes y en su programa de subvenciones para la salud bucodental, todo sumado. Pensar que el presupuesto inicial de la M-30 es de 4.665 millones de euros y que el dedicado a la atención a mayores es de 178 millones hace que se me venga a los labios la palabra “prioridades”.
Telemadrid. Aunque, evidentemente, el caso más bochornoso de la “gestión informativa” de la Comunidad es el de Telemadrid. Cualquiera que haya visto algún Telenoticias de los últimos cuatro años, o los “debates” de Curri Valenzuela o los conducidos por el “señor” Sáez de Buruaga, sabe a qué me refiero. Para los que no lo sepan, el informe presentado recientemente por el Comité de Empresa de Telemadrid ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (http://www.otromadrid.org/articulo/3421/telemadrid-manipulacion-video-informe/) es un resumen que deja boquiabierto, patidifuso y ojiplático.
· Por otro lado, conviene recordar que, hartos de la manipulación y las trabas a su trabajo, el 90% de los redactores decidió no firmar sus crónicas. Desde entonces, los periodistas de la casa se han visto desplazados por otros afines (como José Antonio Ovies, subdirector de informativos, el mismo tipo que emitió imágenes del día anterior a la huelga contra el “decretazo” de Aznar para hacer ver que la normalidad era total en Asturias, el mismo que firmó el documental 11-M, cuatro días que cambiaron España –pagado por El Mundo Televisión, aquel que dio pie a que Manuel Soriano, el director de nuestra cadena amiga, mandara una tarjeta al jefe de Gabinete de la presi Aguirre en el que decía textualmente: “Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en prime time. Pásaselo a la presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e... ideológicamente... Un abrazo, Manolo”–, el mismo tipo también que es colaborador habitual de Libertad Digital, esa “cosa” on-line de Federico Jiménez Losantos).
· Desde que los informativos de Telemadrid están a las órdenes de Manuel Soriano, han dimitido un jefe de Nacional, su coordinadora, el jefe de Sociedad, la coordinadora de Economía, la de Local, la de Internacional, el subdirector de informativos, el director de Mi cámara y yo, el presentador del fin de semana, el de la última edición del Telenoticias (y eso que era German Yankee, ese señor tan conservador y tan serio que te encontrabas al hacer zapping antes de irte a la cama)… Además, los trabajadores se quejan de que ahora hay tres editores por informativo, en lugar de uno solo, para controlar el contenido de las informaciones. Si lees el informe del Comité de Empresa, verás que trabajo no les falta a estos editores.
· Lo peor es que las audiencias de Telemadrid bajan en picado: a finales del 2006, la audiencia media era del 11,5%, mientras que en 2003 era de un 17,1%. Pero el tema está en que Telemadrid se financia a partes iguales con dinero del Gobierno regional y con ingresos publicitarios. Esto quiere decir, por un lado, que usan tu dinero para engañarte y, por el otro, que la bajada de la audiencia implica una bajada de los ingresos por publicidad y que por tanto la cantidad de dinero público, tu dinero, que la cadena necesita para salir adelante es mayor. Un dato: su deuda era de 75,89 millones de euros en 2003 y en 2006 ya llegaba a 171,83 millones. Nuevamente, estos señores, además de no hacer bien su trabajo, nos salen muy caros. Y no son buena gente. No es un decir: el “señor” Soriano está imputado por un delito de acoso sexual a su secretaria.
Aunque si hay que hablar de propaganda y mentiras, es obligatorio hacerlo de las listas de espera de Sanidad, con lo que de alguna manera se cierra el bucle con el que empezaba este informe. Admito que ya me da un poco de pereza meterme en este tema, llevo unas siete horas seguidas dándole a las teclas y tengo la cabeza como un bombo. Pero ya que he empezado, termino. Pues eso, las listas de espera:
LA LISTA DE ESPE
En el 2003, nuestra presidenta pronunció unas famosas palabras: “Tengo decidido que, si en dos años, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimito”. Ahí es nada. El lema del PP para estas elecciones es “Confianza”, así que será gente que por lo menos cumple lo que promete. O no. Basta con leer el periódico de vez en cuando o hablar con alguien que tenga un paciente enfermo para ver que, cuatro años después, no ha cumplido su promesa: una cita para ginecología en un centro de salud se puede demorar 223 días, 211 para una ginecología… para una densitometría, pásate a preguntar en 2008, a ver si hay suerte. Eso en pruebas diagnósticas. ¿Y para ser operado? Nadie lo sabe a ciencia cierta. La Comunidad dice que son 14 días, que han cumplido su palabra. Pero aquí también hay gato encerrado.
El “Sistema Lamela”. Se llama “Sistema Lamela” de contabilidad de listas en honor a su creador, el consejero de Sanidad Manuel Lamela. Este “buen” hombre ha dividido las listas de espera en tres grupos: la oficial, la de aquellos que están en espera del anestesista y la de aquellos que prefieren operarse en un hospital público en vez de uno privado. En el resto del mundo civilizado, estos tres grupos formarían uno solo, el oficial. Pero esto es Madrid. El Consejo Interterritorial de Sanidad –integrado por el Ministerio de Sanidad y todas las Comunidades Autónomas– decidió expulsar a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional de listas de espera por considerar que incumple la normativa estatal. O, en otras palabras, que hace trampas. Pero es que además, las hace mal. Los colectivos médicos utilizan la llamada “demora media prospectiva” como único dato fiable para hacerse una idea real de la situación. Este índice es un concepto de gestión que calcula cuántos días serán necesarios con los recursos actuales (hospitales públicos y clínica privadas concertadas) para operar a todos los pacientes que un día determinado esperan a ser intervenidos. Y como el número de hospitales y clínicas no fluctúa demasiado (que es siempre el mismo, vaya, a no ser que se les ocurra otro truco), el dato se acerca bastante a la realidad. Pues a 31 de diciembre de 2006, la demora media era de 50 días, tres más que en el trimestre anterior. Los que más esperan son los enfermos de traumatología con 74 días, seguidos de los que aguardan una intervención vascular (70 días). En fin, 50 días de media y subiendo. “Señora” Aguirre, usted dijo 30 días o dimitía… La única forma de que esta mujer se pire es que todos vayamos a votar en masa el domingo. Tened confianza, el PP ya perdió el primer partido del play-off a la Comunidad de Madrid de 2003, antes de que aparecieran Tamayo y Sáez.
En fin, que lo de las listas de espera es una promesa incumplida disfrazada por arte de birlibirloque en promesa cumplida. Lo que da pie al siguiente epígrafe, todo un clásico que no podía faltar:
PROMESAS INCUMPLIDAS
Ahora le ha llegado el turno a Alberto Ruiz-Gallardón. Ya he comentado alguna que otra cosa sobre su gestión, pero lo cierto es que empequeñece ante quien tiene más competencias en asuntos básicos para la ciudadanía (la Comunidad de Madrid) y, sobre todo, empequeñece ante ese monumento funerario a su mayor gloria que es la reforma de la M-30. Insisto, que sea útil es lo menos que se le puede pedir a una obra que nos ha tenido cuatro años enfangados y que nos tendrá otros 35 endeudados hasta las cejas. Quizá se podría haber meditado un poco más el asunto y haber buscado otras soluciones. Así, el alcalde hubiese podido dedicar algo de dinerillo a llevar a cabo algunas de las cosas que prometió y de las que no hay noticia. Como ya flaquean las fuerzas, me limito a copi-pegar un pequeño resumen publicado hace unos días en El País:
· 40.000 viviendas nuevas… si las rehabilitan sus dueños. El PP prometió "recuperar", mediante rehabilitación, 40.000 viviendas en el área que circunvala la M-30. Lo que se llamó "la cirugía del centro". Luego aplazó su compromiso a 2008, y ahora asegura que lleva cumplido el 75% porque hay 30.000 "actuaciones ejecutadas o planificadas". Los matices son éstos: la mayoría están "planificadas", no terminadas. Y ni de lejos el Ayuntamiento ha rehabilitado 30.000 casas, sino que el 70% son pisos reformados por sus dueños con una ayuda pública que no llega al 10% del coste, o alquilados con mediación municipal. Las casas directamente construidas (y entregadas) por el Ayuntamiento son 5.600 (prometió 12.000). Uno de los grandes fiascos ha sido la promesa de edificar 363 alojamientos temporales para jóvenes. Está en pañales.
· Equipamientos en conventos: "Seguimos negociando". La "revitalización del centro" se concretó en ese mismo plan con plazo 2008 -olvidando el final de la legislatura- que contemplaba la creación de equipamientos culturales públicos en cuatro conventos: Comendadoras, Salesas Nuevas, María Inmaculada y Latina. Hasta hoy, el Ayuntamiento sigue "en negociaciones" con la Iglesia.
· Limitar la prostitución: "Limitaremos la prostitución en la vía pública", decía el programa electoral. Ruiz-Gallardón lo intentó, con un aparatoso despliegue policial -que duró poco- en la calle de la Montera y restricciones a la circulación en la colonia Marconi (Villaverde) y la Casa de Campo. Pero las prostitutas siguen ahí.
· Acabar con el Top Manta: "Se atajará de raíz". Un paseo por Madrid muestra que el pirateo continúa; aunque el Ayuntamiento asegura que la tasa de productos pirateados respecto a la venta legal ha pasado del 40% al 6%.
· La carga y descarga no ha sido racionalizada: El PP prometió cambiar la normativa de carga y descarga para "racionalizarla": pasar algunas operaciones de hora punta de la mañana a la tarde, o incluso fijar determinados días para la distribución de artículos no perecederos. Incumplido. Por otro lado, se prometieron 14.000 plazas de aparcamiento para motos: no llegan a 3.000 las creadas.
· Desmantelar cinco poblados chabolistas: La Quinta, Cañaveral, Mimbreras, Pitis y Puerta de Hierro. La realidad es que quedan chabolas en los dos primeros, y Puerta de Hierro está como estaba. Eso sin hablar de los intocables: Barranquillas y Cañada Real.
· Casa de Campo del Norte: cuatro años buscando el suelo. Ruiz-Gallardón anunció 2.500 hectáreas de nuevas zonas verdes; entre ellas, una Casa de Campo del Norte que iba a ser joya ecológica. Los cuatro años de mandato se han empleado en los "trabajos previos de obtención del suelo", según explican desde el PP.
· Bibliotecas, escuelas de música, Ciudad de la Cultura: De las siete escuelas de música prometidas, se han abierto dos. Estaba previsto remodelar la red de bibliotecas, pero algunas se inauguraron sin libros, como denunció IU. Y la ciudad de la cultura que se anunció para Carabanchel no existe, ni se ha hablado de ella en cuatro años.
· Gran Centro Cultural Matadero: con suerte, en 2011. La conversión del viejo matadero de Legazpi en gran centro de creación cultural, apuesta estrella de la Concejalía de Las Artes, era un compromiso de legislatura, o así figuraba en el programa. Una vez en el sillón de alcalde, Ruiz-Gallardón admitió que la rehabilitación no estará terminada hasta, como pronto, 2011.
También se podría hablar de algunas cosas raras en el Ayuntamiento de Madrid. No me refiero a la subida bestial del Impuesto de Bienes Inmuebles, aunque bien podría entrar en esa categoría. Ni a que el dinero sobrante (14,5 millones de euros) del desmantelamiento del Instituto Municipal de Deportes, vaciado de contenido en beneficio de la gestión privada, se dedicara a financiar el Masters Series de tenis de Madrid en vez de a fomentar el deporte de base o a mejorar y rehabilitar nuestros cochambrosos polideportivos públicos. Ni a que lo haya llenado todo de parquímetros… o sí, quizá de esto se podría decir algo:
Miscelánea de cosas raras: especial parquímetros. Una vez más, dejo a un lado si la idea de los parquímetros es adecuada, si es una solución eficaz al tema del aparcamiento o si podrían haber buscado otra idea. La clave es la de siempre, ya que decides tomar una medida impopular y vas a dedicar dinero público a tu proyecto (cada parquímetro vale unos 6.000 euros, no los queméis que al final pagamos nosotros), asegúrate de hacerlo bien. Y si le quieres hacer un favor a un amigo, pues no sé, cuídale los niños una tarde o ayúdale en una mudanza, no te manches las manos con chanchullos que huelen mal. Aviso, se avecina otro culebrón que ejemplifica cómo se hacen las cosas en esta bonita ciudad que nos acoge a todos con los brazos abiertos, paciencia y vamos allá:
Una de las UTE (unión temporal de empresas) que ganó la concesión para el servicio de parquímetros está formada por dos empresas, Hixienes y Sufi. Hixienes tiene un capital social de 3.005 euros (no da ni para un parquímetro); la pasta de verdad la pone Sufi. Esta misma Sufi llevaba años gestionando los parquímetros del centro de la ciudad a medias con otra empresa, pero para este concurso decidió cambiar de socio. Por otro lado, los estatutos de la UTE Sufi-Hixienes establecen que Sufi se quedará con el 60% por ciento de los beneficios y financiará “todas las inversiones necesarias”, mientras que Hixienes se quedará con el 40% de los beneficios. A ver si lo entiendo, si la empresa que pone toda la pasta se queda con el 60%, ¿qué pone la otra para quedarse con el otro 40%? Sólo se me ocurre una respuesta: los contactos. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado del PP gallego, compañero en Nuevas Generaciones de Pedro Calvo, concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, y del director general de Movilidad, Javier Conde, también en la misma y dicharachera asociación juvenil. En el concurso público, se estimó que los cinco proyectos presentados cumplían los criterios económicos y que, en el plano técnico, Hixienes-Sufi era el segundo mejor, por lo que también se llevó el gato al agua. Pero hete aquí que uno de los requisitos técnicos exigidos era que las empresas que conformaran cada UTE debían tener experiencia acreditable en esa actividad. Hixienes presentó un informe firmado por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra) en el que juraba por la tumba del Apóstol que la susodicha empresa llevaba años prestando sus servicios en el también susodicho municipio gallego. Pues bien, en el ayuntamiento de Cangas no hay constancia de la redacción de ese informe, tampoco de que se haya visto ningún parquímetro en el término municipal. ¿Cómo es posible? La Fiscalía de Madrid se ha hecho la misma pregunta y ha anunciado que investigará de oficio al alcalde gallego por un delito de falsedad en documento público. El alcalde se llama José Enrique Sotelo. Ah, y es del PP.
¿Qué necesidad había de todo esto? ¿No habrá forma de controlar estas cosas para que no pasen? ¿Es que no hay voluntad de hacerlo? Se supone que los servidores municipales son honrados. Alcaldes incluidos. Bueno, quizá habría que exceptuar a Álvarez del Manzano, que todavía no ha devuelto los 60 millones de pelas de las de toda la vida que se gastó entre 1991 y 1999 en cosillas personales como ayudas a la costurera de su mujer, la compra de relicarios de oro, en regalarle unas cuantas joyas a una persona desconocida (por las autoridades, digo, porque supongo que él sí que la conocía, aunque con este ex alcalde nunca se sabe) y, sobre todo, un montón de donativos a multitud de asociaciones benéficas y congregaciones de monjitas. Es estupendo que un alcalde sea generoso, claro que sí, pero que lo sea con su dinero, no con el nuestro.
En RESUMEN (por fin, creía que no llegaba, se me caen las gafas y detrás van los ojos), el funcionamiento de la Comunidad de Madrid deja mucho que desear. Es una conclusión generosa, lo sé. Pero no he querido hacer una arenga del todo política, así que las conclusiones tampoco lo serán, al menos en el concepto de “política” que limita con el de “ideológica”. La política es “la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” según una de las definiciones de la RAE. Y esa actividad es la que he querido valorar. No soy un especialista en la materia, ni mucho menos. Sólo me ha parecido conveniente dedicar un par de días a buscar algo de información y a resumirla para darle un sentido.
